CASOSAISLADOS

Vicente Burgos Antón es un histórico del PP valenciano y fue el primer marido de la concejal María José Alcón, con quien tiene un hijo. Comenzó como presidente de Nuevas Generaciones y siendo estudiante de la Facultad de Derecho formó junto a Francisco Camps, Esteban González Pons y Gerardo Camps el denominado 'Clan del Agujero', en referencia al nombre del bar del que eran asiduos.

En el año 2003, con la llegada de Francisco Camps a la Generalitat, fue nombrado secretario autonómico de Administración Pública, cargo que dejó en unos meses, según la versión oficial por una crisis cardíaca, tal como consta en los recortes de prensa de la época. Entonces Francisco Camps lo nombró gerente de la Fundación Jaume II El Just, entidad que había permanecido bajo mínimos durante años.

Durante sus años al frente de esta organización se reconstruyó el cenobio del monasterio de la Valldigna, operación de compra y traslado del claustrillo del Palacio del Abad desde Torrelodones que costó un millón de euros, además de 100.000 euros que se invirtieron en hacer la réplica con la que fue reemplazado el claustro en el palacete madrileño en la misma época.

Entonces la fundación se reactivó con un presupuesto de tres millones de euros, entre obras de restauración y actividades. Cuatro años después la deuda ya doblaba el presupuesto inicial.

En la Fundación Jaume II El Just organizó costosas exposiciones como la de 'El toisón de oro', que ascendió a 1,3 millones de euros, festivales de teatro, encuentros culturales y zarzuelas. Además, creó la orquesta sinfónica de la fundación con 46 músicos que llevó a diversos circuitos culturales y trajo a Valencia en Fallas a un centenar de invitados procedentes de Nápoles.

En este período se empezó a producir un endeudamiento de la Fundación Jaume II el Just que se vio agravado por el gasto financiero por los números rojos. Convertir el monasterio en un motor cultural desembocó en un desfase presupuestario importante.

Vicente Burgos salió de la gerencia de la fundación en el año 2007, tras un enfrentamiento con la exconsellera Trini Miró y dejando una deuda de casi 9 millones de euros por los gastos que excedían el presupuesto asignado, según consta en las publicaciones de la época.

Además, fue consejero de una empresa familiar ya sin actividad y, con posterioridad, también tuvo un paso fugaz por el consejo de administración de Radio Televisión Valenciana, durante la liquidación de Canal 9. Llegó con cuatro compañeros y fue consejero.

En el año 2014 Burgos fue nombrado por el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra jefe de gabinete del Consell Jurídic Consultiu, organismo que asesora al gobierno de la Generalitat Valenciana en materia jurídica, donde también está el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. En julio 2014 Vicente Burgos ya estuvo en la cárcel por no pagar una multa de 2.100 euros, según figura en las hemerotecas en dichas fechas.

También imputado en la pieza "Call Center"

Fallecida.

Imputado en la pieza "Call Center"

Imputado en la pieza separada "Call Center"

De Máximo Caturla se sabían muchas cosas hasta el pasado mes de mayo: que había sido director general de presupuestos, que había dirigido Ciegsa, que era el padre del 'milagro económico' de la Diputación de Valencia... incluso que era buen amigo de Miguel Bosé y que su familia había hecho negocio con el tomate 'estilo kikí'. Pero desde esa fecha, y para el gran público, Caturla pasó a ser no sólo un íntimo de Marcos Benavent, sino también un experto en tuberías. Caturla aparece en una de las grabaciones difundidas por esas fechas, charlando con el exgerente de Imelsa. «Lo que pasa es que hay unos que van de puristas y dicen que somos los de las tuberías», se le escucha. Por eso exige «respeto a los de las tuberías». Los de las 'tuberías' vienen a ser los mismos que los de las cañerías o los fontaneros. En terminología política, cualquiera de esas expresiones hace referencia a quienes no ocupan los puestos de máxima visibilidad o relevancia pública, pero sí que desarrollan funciones esenciales para el funcionamiento de la organización. Cabe suponer que en las administraciones públicas las funciones de los de las tuberías son equiparables. Caturla dirigió Ciegsa, la empresa de la Generalitat encargada de la construcción de centros escolares y que ayer fue objeto de uno de los registros llevados a cabo por la Guardia Civil. Caturla llegó a esa empresa tras la etapa de Javier García Lliberós, en teoría para poner orden en la gestión económica de esa empresa pública. En Educación conoció a Marcos Benavent, entonces en la Fundación Jaume II El Just, dependiente de esa conselleria.

Su salto a la Diputación se produjo precisamente de la mano del propio Marcos Benavent en 2007. Caído en desgracia ante Francisco Camps, Alfonso Rus lo incorporó para llevar los números en la institución provincial. Los números de la Diputación de Valencia los dejó impolutos. Con Rus, como con Benavent, la vinculación fue estrecha hasta mayo de 2012. En esa fecha se quebró y no por su gestión presupuestaria, sino a raíz de una decisión política. Caturla, bien relacionado con Serafín Castellano -es cuñado de Asunción Quinzá, una de las dirigentes populares más cercanas al exdelegado del Gobierno- aceptó la oferta de Alberto Fabra para formar parte de la dirección regional del PP... en contra del criterio de Rus, ya abiertamente enfrentado al presidente regional. Rus lo sentenció y Caturla terminó solicitando la renuncia a la exclusividad en la corporación provincial para incorporarse a su puesto de trabajo en el Banco Santander.

Pese a todo, no pasó inadvertido el hecho de que Rus marcara distancias con él pero no se atreviera a apartarlo de la vicepresidencia de la Diputación -ocupó el cargo hasta el final de la legislatura-. Como si el máximo responsable provincial fuera consciente de que la información manejada por Caturla resultaba demasiado sensible como para despejarlo con un portazo.

Imputado en la pieza "Call Center", según el sumario, Marcos Benavent desveló a los investigadores que dicho contrato se encontraba «amañado desde sus fases iniciales» para que Servimun fuese la adjudicataria «beneficiando de esta manera a distintas personas relacionadas con Alfonso Rus y el propio Marcos Benavent

En los equipos de Gobierno de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, había concejales de diferentes perfiles. Halcones y palomas. María José Alcón estaba en el grupo de los ediles de perfil bajo. «No ha tenido suerte», comentaba hace unos cinco años uno de esos regidores populares, muy cercano a la exalcaldesa, después de que Alcón encadenase varias problemas de salud (incluido un problema de visión). Dejó de ser concejal de Cultura en 2009. No entró en las listas municipales de 2011 pero al año siguiente fue repescada como asesora de Barberá, una vez inició una relación sentimental con el exvicealcalde Alfonso Grau, con quien se casó hace diez meses. Los dos contrajeron matrimonio en segundas nupcias. Grau era viudo y Alcón fue esposa de Vicente Burgos, también detenido ayer.

Ese supuesto perfil bajo de Alcón no le impidió tratar temas de mucho dinero con los grandes protagonistas de la trama que desembocó ayer en la redada en diferentes lugares de Valencia. El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, grabó conversaciones con Alcón muy explícitas en las que sugería a la entonces edil, responsable de adjudicar el contrato de construcción de La Rambleta, que le comentase a una de las empresas candidatas que su propuesta se quedaba corta, por lo que se le podía «exigir algo».

Igualmente, con Benavent negocia contratos en la Mostra de Cinema Mediterrani, así como cobros a diferentes empresas respecto a los cuales realizan comentarios sobre cómo sería el reparto del dinero, que incluso daría para una fiesta navideña. La aparición de las cintas en las que Benavent registró las conversaciones provocó que a mediados del pasado mes de mayo la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia fuese destituida como asesora de Alcaldía y suspendida de militancia.

La exedil del Ayuntamiento de Valencia llegó ayer a las 22.20 horas a la Ciudad de la Justicia para declarar ante el juzgado que instruye la investigación del 'caso Imelsa', por el cual fue detenida ayer. Fue la primera de los detenidos en comparecer. Las conversaciones entre María José Alcón y Marcos Benavent se prolongan en el tiempo y en ellas se barajan cantidades de todo tipo, desde comisiones de 9.000 euros a contratos en los que había en juego más de millón y medio de euros.

El perfil bajo, en público, de Alcón, no corresponde con el desparpajo con el que siempre se ha movido entre sus compañeros del PP. Tanto con Benavent como con otros altos cargos populares, la exconcejal se ha mostrado siempre fiel al equipo formado por Rita Barberá y Alfonso Grau, con quien posteriormente se casó. La exalcaldesa la recuperó para sus equipos siempre que tuvo oportunidad.

De la estrecha colaboración establecida entre Benavent y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), una de las principales 'perjudicadas' fue desde el primer momento Alcón. A raíz de la documentación entregada por el exgerente de Imelsa, los investigadores se estuvieron personando sistemáticamente en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano el pasado mes de septiembre para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura y Patrimonio y en concreto, sobre varias adjudicaciones realizadas entre los años 2004 y 2006. Entre los expedientes que los agentes habrían intervenido se encuentran los referentes a las adjudicaciones del centro cultural La Rambleta y la rehabilitación de las Torres de Serranos y Quart.

La falta de «suerte» de Alcón, que lamentan sus compañeros en el Consistorio valenciano se extendió el año pasado a otros asuntos. La exconcejal se acogió el pasado mes de junio a su derecho a no declarar en el juzgado que investiga su participación en un fraude fiscal. En concreto, la exedil no declaró la cantidad recibida de una herencia. En la misma situación se encuentra su madre y hermanos, que también se encuentran imputados.

La fiscalía interpuso una querella después de que la Agencia Tributaria encontrara un fraude cercano a los 250.000 euros en la declaración del ejercicio 2010.

Nadie del grupo popular ni incluso del resto del Ayuntamiento acertaba ayer a encontrar una conexión, un pequeño vínculo entre la todopoderosa secretaria municipal del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, y la trama que implica a Marcos Benavent, Alfonso Rus y todos los nombres que han salido los últimos meses, incluso el de la ex edil María José Alcón.

Pero la detención de García-Fuster es un hecho y puede considerarse un golpe durísimo a las aspiraciones del PP en Valencia. En todas las fuentes consultadas se añadía una coletilla a los comentarios sobre la secretaria del PP: pertenece al círculo íntimo de amistades de Rita Barberá, los llamados pata negra en los años de dominio absoluto con mayorías que se revalidaban cada cuatro años sin problemas.

Junto con Silvestre Senent, Vicente Igual y Antonio Barranco formaron el cuarteto de confianza de Barberá. De todos permanecen en el Consistorio el segundo y la propia García-Fuster, siempre en el mismo puesto de la secretaría.

Un cargo que no tiene firma para gastar del presupuesto municipal, aunque sí mucha influencia y capacidad de decisión sobre los ediles. «Cuando la alcaldesa visitaba un barrio, por ejemplo, era la que se encargaba de llamar a los concejales para decir los que debían ir», apuntan fuentes del PP.

García-Fuster ha sido siempre también la representante de los populares en la Junta Electoral, lo que también hizo en los comicios del pasado mayo. «Le encanta poner recursos sobre banderolas puestas en lugares inadecuados», decía ayer uno de sus adversarios políticos.

Pero esa imagen de política dura y que «quería dominar a todos en estas cuestiones», se combina también con la de «buena persona, con gestos sorprendentes», apuntan otras fuentes. El puesto de secretario municipal tiene como competencia principal gestionar el presupuesto del grupo, una cantidad que sale del presupuesto municipal para gastos como comidas y viajes. Este año, el PP dispondrá de una partida de 60.000 euros para este cometido.

Nada que ver con comisiones de contratos, por ejemplo. Los secretarios sí que ejercen una gran influencia en algunos aspectos del gobierno, sobre todo casos como el de la detenida, con una dilatada experiencia en el Consistorio.

No en vano, García-Fuster fue concejal de Alianza Popular de 1983 a 1987, cuando también compatibilizó este cargo con el de diputada provincial. Aún así, las fuentes consultadas la desvinculan del entorno de Rus y de la propia María José Alcón. «Cuando saltó el caso de las grabaciones de Alcón en el caso Imelsa, fue una de las primeras que pidió su salida de la candidatura», indican sobre una decisión que posteriormente tomó Barberá casi en puertas de la campaña.

La asignación a los grupos municipales se hace en función del número de concejales. El Partido Popular recibirá este año un total de 49.840 euros. El arresto de García-Fuster y la imputación de Luís Salom abre también el debate en el Ayuntamiento de Valencia sobre el papel de los asesores, cargos de confianza que carecen de competencia para firmar gasto. En los nombramientos se matiza que no pueden tener las funciones «propias de los funcionarios de carrera o de los miembros de la Corporación».

El hombre que ha tirado de la manta a cambio de una reducción de condena. Benavent, tras su excéntrica aparición en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde avisó de que saldría "mierda a punta pala", lleva meses colaborando en la investigación. Su imputación es conocida desde hace tiempo.

Luis Salom Andrés va camino de la fama. Asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia –con un sueldo bruto de algo más de 4.000 euros al mes-, ya es una de las twetstars de la política valenciana gracias a su hiperactividad –más de 78.000 mensajes en la red social- y agresividad. Como ha demostrado el registro de las marcas de Guanyem en Valencia y Barcelona y su posterior, según Ada Colau, intento de extorsión, Salom no rehuye la polémica. De hecho, ya ha protagonizado varias.

En la primavera de 2009 participó en una trifulca en la calle entre partidarios y detractores del PP en el centro de Valencia, junto a la sede del Tribunal Superior de Justicia, según Las Provincias. El entonces presidente valenciano,Francisco Camps, declaró ante los jueces el 20 de mayo por el caso de los trajes recibidos de la trama Gürtel, asunto por el que finalmente fue absuelto.

Fue uno de los muchos alcaldes del PP valenciano que ganaron las elecciones pero que no pudieron repetir en el cargo el 24 de mayo del año pasado. Juan José Medina ejercía ahora como portavoz del PP en Moncada y había sido degradado a asesor del grupo popular en la Diputación cuando en la anterior legislatura se había convertido en vicepresidente primero y acabó el mandato ejerciendo como presidente, después de que Alfonso Rus se apartara de facto a mediados de mayo de la presidencia de la entidad.

Medina era el responsable del área de la cooperación municipal, la que se encargaba de los programas de colaboración con los ayuntamientos valencianos, pero orgánicamente no tenía que ver con la empresa pública Imelsa, más allá de que las ayudas que salían de su firma e iban a parar a los distintos municipios pudieran convertirse en obras a través de la compañía provincial Imelsa.

Una de las decisiones que adoptó en junio de 2014 fue la adjudicación de 6,4 millones de euros para el desarrollo de 154 proyectos para la mejora de infraestructuras y servicios de aldeas y pedanías de toda la provincia a través del Plan de Núcleos 2014-2015. Daba opción a que las obras las adjudicasen los municipios o que la Diputación las contratara.

Medina se encontraba más que tranquilo. Por su cabeza no pasaba que pudiera ser implicado en la investigación judicial de la trama de Imelsa, a pesar de ser el vicepresidente primero de la Diputación. Nunca había querido tener nada que ver con Imelsa.

Al menos eso es lo que confesaba a las personas con las que tenía confianza. Pero al final ha caído en la investigación por el amaño de contratos de la Diputación de Valencia, de la Generalitat y del Ayuntamiento de la capital valenciana. También es verdad que planeaba abandonar definitivamente la política provincial, aunque le hubiera gustado seguir en la vida pública local. Fue alcalde de Moncada y diputado provincial en las dos últimas legislaturas, de 2007 a 2011 y hasta 2015.

Con la desaparición de Alfonso Rus de la escena política al ser suspendido de militancia en mayo de 2015 se propició también su caída en desgracia en el partido. De ser el número tres de la organización del PP en la provincia de Valencia, formalmente conservó el cargo pero de facto el nuevo presidente provincial, Vicente Betoret, se lo vació de contenido. Acudía a los actos del partido cuando se le requería pero no participaba en la vida orgánica de los populares. Era consciente de que su tiempo en la política ya había pasado. De hecho, estaba viendo la posibilidad de abandonar la asesoría del PP en la Diputación de Valencia.

Medina se mostró siempre fiel a Alfonso Rus, a quien agradeció que le brindara la oportunidad de entrar en la primera línea de la política provincial. Pero, sobre todo, se mostraba fiel en lo personal hacia su presidente, tanto cuando se encontraba en el cargo como en el momento en que fue destituido y apartado de la militancia.

Ahora ha sido detenido e investigado por prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho e incluso blanqueo de capitales, la acusación genérica dada a conocer por el TSJ.

Los agentes de la Guardia Civil han detenido también al propietario de la empresa valenciana de publicidad y comunicación Engloba, José Adolfo Vedri, más conocido en el sector como Sadol. Además han registrado la sede de la firma.

Según han asegurado testigos del registro a LAS PROVINCIAS, los agentes buscaban documentación sobre los trabajos realizados en el pasado por la empresa para Imelsa y sobre el alquiler a esta empresa de la Diputación de Valencia de un bajo en la calle Poeta Liern, 14, en el barrio de Carmen de la capital, y que es propiedad de la firma de marketing.

Según la compañía, los trabajos realizados para Imelsa fueron los como «a un cliente más». Por otra parte, se insiste en que el alquiler se realizó a precios de mercado. De hecho, se asegura que el nuevo equipo de la Diputación y de la empresa está negociando la renovación del contrato del local.

Construcciones Luján, una empresa especializada en obra civil e industrial, fue contratista habitual de las administraciones valencianas y singularmente de la Diputación de Valencia. Luján, una empresa histórica -construyó la actual planta de Ford en los años 70- facturó cerca de 75 millones en 2014. Buena parte de su negocio se hace en el exterior.

Si hay una persona que en los últimos diez años ha pasado más tiempo físico con Alfonso Rus que su propia familia no es otra que Emilio Llopis Oltra. Alcalde de la pequeña localidad de Genovés desde 1995 a 2015, Llopis nunca llegó a ser diputado provincial con Alfonso Rus, porque solamente había dos plazas en el partido judicial de Xàtiva y durante las legislaturas de 2007 y 2011 una era para el PP (la ocupó Rus) y otra, para el PSPV. Por eso Llopis se convirtió en mucho más que un diputado provincial: fue el jefe de gabinete del presidente de la Diputación entre julio de 2007 y julio de 2015.

Emilio Llopis era el alter ego de Alfonso Rus. Se convirtió en la mano derecha y en la izquierda del presidente de la Diputación. Toda la política que desarrollaba Rus en la institución provincial pasaba por el control de Emilio Llopis. No se movía un alfiler en la institución sin el visto bueno de Llopis y los diputados provinciales del PP no se ponían en marcha hasta recibir su permiso. Era mucho más que un diputado.

Tan sincronizados estaban Rus y Llopis que les tocó a ambos alrededor de 600.000 euros en el sorteo de Navidad de 2011, la lotería que vendió el también hoy imputado Enrique Crespo, pero por el caso Emarsa. Es más. Rus mostró los cinco décimos agraciados que supuestamente eran los suyos, aunque en realidad pertenecían a Llopis. Los de Rus estaban en su despacho.

Lo mismo sucedía con la organización provincial del PP valenciano. No disponía de un cargo de primera fila en el partido pero, como buen amigo y sombra del número uno, Alfonso Rus, nada se decidía si él no estaba enterado.

La caída en desgracia de Alfonso Rus y su destitución como presidente provincial del PP el 1 de mayo del año pasado, a 22 días de las elecciones locales y autonómicas, propició también que siguiera el camino de su jefe, aunque a distancia. En los comicios locales Emilio Llopis perdió las elecciones, al igual que su referente. Había sido alcalde de Genovés desde 1995 y dejó de serlo oficiosamente la noche del pasado 24 de mayo.

Pero para entonces ya estaba en el punto de mira del entonces presidente del PPCV, Alberto Fabra. Las informaciones que relacionaban a Llopis con la supuesta trama de Imelsa y los negocios inmobiliarios, que al parecer no se acabaron de sustanciar entre el propio Emilio Llopis y Marcos Benavent, ya lo colocaron en el disparadero.

Entonces ostentaba el mayor cargo que ha tenido en el organigrama del PP. Con la caída de Serafín Castellano un año antes, tras las elecciones europeas de mayo de 2014, Fabra nombró a Emilio Llopis vicesecretario regional del partido, obviamente con el beneplácito de Alfonso Rus.

La policía lo detuvo ayer en su casa de Genovés y está acusado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y también por blanqueo de capitales.

También imputado por el caso Gürtel, concretamente en las piezas que investigación la presunta financiación ilegal del partido. Serra fue el número 2 de Ricardo Costa, autor de una frase célebre: "La fiesta no se acaba nunca en el PP de la Comunidad Valenciana".

David Serra, exvicesecretario de Organización del PP valenciano y exalto cargo de la conselleria de Cultura, es el único de los detenidos en la operación de ayer que también se encuentra imputado por el caso Gürtel. Serra, uno de los dirigentes populares de mayor visibilidad durante la etapa liderada por Francisco Camps -primero en la conselleria de Educación, después como uno de los principales cargos orgánicos- tiene causas pendientes con la justicia por las piezas 1 y 2 de Gürtel, las que investigan la supuesta financiación irregular del PP valenciano (en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008), y por la número 5, la que afecta a los contratos menores realizados por la administración autonómica con empresas de la trama.

Serra era desde su etapa en Nuevas Generaciones, organización que llegó a dirigir, un buen amigo de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa que con su declaración ha impulsado esta investigación judicial. Su nombre aparece mencionado en alguna de las grabaciones vinculadas a esta investigación. Esa estrecha relación con Benavent es, a primera vista, el hilo del que pueden haber tirado los investigadores para acabar hoy con su detención.

Eso sí, su etapa en la conselleria de Educación, de la que dependía la empresa Ciegsa -también registrada ayer- es aparentemente anterior a la investigación en curso. Por ese motivo, su responsabilidad como alto cargo del PP valenciano también se encuentra bajo sospecha. Algunas fuentes cercanas a esta formación consideraron ayer, no obstante, que el nombre de Serra podría haber sido utilizado por algún otro de los implicados en la trama de Imelsa, aunque otros apuntaron a un posible intercambio de 'favores mutuos' con Benavent. A Serra se le ha señalado desde algunos medios por su vinculación al despacho de abogados para el que venía trabajando desde que en 2013 se apartó de la política -por los informes que habría elaborado para la Diputación-.

También imputado en los casos Lezo y Metrored

El juez que instruye el caso Taula ha imputado a Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, por un delito de blanqueo de capitales. El magistrado Víctor Gómez cree que Rus se valió de una serie de operaciones empresariales "simuladas" para lavar una cantidad en efectivo superior al millón de euros. El instructor se basa en la investigación desarrollada por la Guardia Civil, que también considera que el exdirigente utilizó durante años el club de fútbol Olímpic de Xàtiva, que presidía, para blanquear mordidas.

El juez cree falsas tres operaciones empresariales que tuvieron lugar el mismo día. Rus constituyó la sociedad Arteinvest el 13 de junio de 2007. A su vez, Arteinvest compró 50 participaciones de la empresa familiar del expresidente de la Diputación de Valencia, llamada FDM. Y finalmente, otra empresa, Geneva, adquirió a Arteinvest las 50 participaciones de FDM por 1,8 millones de euros.

Existen indicios de que se trató "de una operación ficticia supuestamente orquestada" para blanquear dinero "procedente de la actividad delictiva, consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos de suministros, obras o servicios durante el desempeño de su cargo como alcalde de Xàtiva", señala el magistrado en un auto. Parte del dinero podría haberse invertido en Brasil.

También imputado en la pieza separada "Call Center"

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha citado como imputado a Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia, por el presunto dopaje electoral continuado de las campañas del año 2007, 2011 y 2015. Grau, responsable de estas campañas electorales, ya había comparecido por lo gastos de 2011 y ahora tendrá que responder a preguntas relacionadas con la facturación de 2007 después de que uno de sus asesores, Jesús Gordillo, entregara las pruebas que a juicio policial acreditan el desvío de dinero público al PP.

En 1991 se presentó a las elecciones a la Generalitat en las listas del PP que encabezó Eduardo Zaplana y entre ese año y 1995 ocupó un asiento de concejal en el municipio alicantino de El Campello. Servimun fue creada en 2004 en una oficina de San Juan (Alicante) con un capital social de 3.010 euros y con el supuesto objetivo de prestar “servicios complementarios al funcionamiento de las administraciones públicas”. El responsable de la firma, Fernando José Palomares Ruzafa, conocía bien las administraciones valencianas y tenía los mejores contactos

Imputado en la pieza "Call Center"

Presunto testaferro de Marcos Benavent.

También investigado en la pieza "Call Center"

Expropietario de Universo Selección, contratista habitual -selección de personal para eventos y otros- de algunas administraciones controladas por el PP.

Dueño de Construcciones Francés, contratista habitual de la Diputación de Valencia.

Exdirectora técnica de Imelsa, el centro de la trama, entre 2008 y 2012.

Ha ocupado cargos en decenas de empresas supuestamente vinculadas a la trama.

Detenido en Alicante. Administrador del fondo -Geneva, a nombre de un empresario ya fallecido, Ramón Lis- supuestamente utilizado por Rus para blanquear dinero. Ese fondo controlaba otros donde la investigación cree que parte de los encausados desviaban sus ingresos. Por ejemplo, Geneva Patrimonial Inmobiliaria Do Brasil.

Presunto testaferro de Marcos Benavent, jefe de su esposa en Imelsa. Berceo Mantenimientos era la matriz del conglomerado de sociedades y firmas pantalla creadas para facturar servicios no prestados a siete contratistas de la Diputación de Valencia y de Imelsa. Según su declaración "cobró durante 2010 y 2011 1.500 euros al mes como administrador de Berceo por no hacer ningún trabajo"

Imputado en la pieza "Call Center", el juez ha dictado auto de sobreseimiento provisional

Imputado en la pieza "Call Center", el juez ha dictado auto de sobreseimiento provisional

Imputado en la pieza "Call Center", el juez ha dictado auto de sobreseimiento provisional